Jueves, 29 de Junio del 2017



Acceso a la Información Pública

Aplicación del Decreto 1172/2003 (texto actualizado de la norma según Decreto 79/2017)

La democracia no se limita al derecho de los ciudadanos a votar en elecciones periódicas. Para que una democracia se consolide y perfeccione es necesario que exista una ciudadanía informada y capaz de participar en el debate público. De esta manera, se logra un control ciudadano efectivo de las acciones de gobierno, mejorando la calidad de las instituciones.

El este sentido, el derecho de acceso a la información pública permite, entre otras cosas:

– Construir y promover un diálogo informado entre gobernantes y gobernados,
– Garantizar el efectivo ejercicio de otros derechos,
– Desarrollar una democracia y una gestión pública transparente, legítima y eficiente.

El derecho de acceso a la información pública comprende la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información que generen, obtengan, transformen, controlen o custodien los sujetos y organismos mencionados a continuación. La información debe ser brindada en el estado en el que se encuentre al momento de efectuarse una solicitud.

Están obligados a brindar información pública:

a) La Administración Pública Nacional, conformada por la administración central y los organismos descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las instituciones de seguridad social;

b) Las empresas y sociedades del Estado que abarcan a las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias;

c) Las empresas y sociedades en las cuales el Estado nacional tenga una participación minoritaria, pero sólo en lo referido a la participación estatal;

d) Concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos o concesionarios permisionarios de uso del dominio público, en la medida en que cumplan servicios públicos y en todo aquello que corresponda al ejercicio de la función administrativa delegada; y contratistas, prestadores y prestatarios bajo cualquier otra forma o modalidad contractual;

e) Instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado nacional;

f) Fideicomisos que se constituyeren total o parcialmente con recursos o bienes del Estado nacional;

g) Los entes cooperadores con los que la administración pública nacional hubiera celebrado o celebre convenios que tengan por objeto la cooperación técnica o financiera con organismos estatales;

h) El Banco Central de la República Argentina;

i) Los entes interjurisdiccionales en los que el Estado nacional tenga participación o representación;

j) Los concesionarios, explotadores, administradores y operadores de juegos de azar, destreza y apuesta, debidamente autorizados por autoridad competente.


> ¿Cómo solicitar información pública?